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En medio de la crisis política que sacude a Venezuela tras el fraude de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del pasado domingo, al menos tres vuelos no programados despegaron desde La Habana con destino a Caracas, según informó una fuente conocedora a Diario Las Américas.
El medio citado agregó que un cuarto vuelo se encontraba listo para partir.
“No puedo confirmar si iban cargados de pasajeros o no, tampoco qué portaban y cuál sería el propósito de esos vuelos”, manifestó la fuente al periódico.
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El vuelo no programado de Conviasa desde La Habana a Caracas este martes.
El primer avión, un A340 ejecutivo de Conviasa, en el que suele volar el dictador cubano Miguel Díaz-Canel, despegó de La Habana y aterrizó en Caracas durante la mañana del martes. Posteriormente, un segundo vuelo -rentado a Turkish Airlines- partió de la capital cubana y llegó a Caracas al mediodía de ayer.
Siguiendo a Diario Las Américas, la tercera aeronave -perteneciente a Cubana de Aviación- despegó de La Habana poco después de la una de la tarde.
“En el momento de compartir esta información, una cuarta aeronave se habría estado alistando para salir de Cuba rumbo a Venezuela”, añadió la fuente al medio citado.
Cuba es uno de los escasos países del mundo que ha reconocido los resultados conunicados por el chavismo tras las elecciones llevadas a cabo el domingo, tachadas por fraudulentas por una parte de la comunidad internacional, mientras que crecen las presiones sobre la dictadura para que publique las actas que prueben los datos difundidos.
La oposición, en cambio, publicó sus propios resultados en una web que refleja el trabajo de sus testigos de mesa y que otorgan la victoria por amplio margen a su candidato Edmundo González Urrutia.
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El vuelo de Turkish Airline partió de la capital cubana y llegó a Caracas al mediodía de ayer.El contexto de estos vuelos se enmarca en una profunda crisis que sacude a la nación sudamericana después de que el domingo el oficialismo, encabezado por Nicolás Maduro, se atribuyera la victoria en las elecciones sin permitir acceso al conteo final de las actas de votación.
Este hecho provocó reacciones de la ONU, la OEA, la Unión Europea, Estados Unidos y diversos países, que exigieron transparencia en el proceso.
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La captura de uno de los vuelos:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/7UFSSAZSM5FQBAOFARMZVY42M4.jfif 420w)
El detalle del vuelo de Turkish Airline.Este miércoles, el candidato presidencial de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia manifestó a través de su cuenta en la red social X que la comunidad internacional y los venezolanos piden “respeto a los resultados” de los comicios del domingo pasado en su país.
“Agradecemos a la ONU, OEA, Unión Europea, los Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile, México, Argentina, España, Italia, Portugal, Perú, Costa Rica, El Salvador, Uruguay, Panamá, Guatemala, República Dominicana y Paraguay, por instar al respeto de la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio, requiriendo la publicación por mesas de las actas de votación por parte del CNE, tal como lo expresa nuestro ordenamiento jurídico y el comunicado publicado por el Centro Carter, observador internacional invitado por el CNE”, expresó el aspirante.
Y siguió: “La comunidad internacional y los venezolanos pedimos respeto a los resultados y transparencia electoral con la publicación de todas las actas. La verdad es el camino a la paz”.
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El mensaje de Edmundo González Urrutia en X.El mencionado Centro Carter emitió un comunicado detallando las numerosas infracciones y deficiencias observadas durante las elecciones presidenciales en Venezuela de 2024, subrayando que “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”.
Además, enfatizó que no pudo verificar o corroborar la autenticidad de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela.
El comunicado denuncia que la autoridad electoral no proporcionó resultados desglosados por mesa electoral, lo cual constituye una “grave violación de los principios electorales”.
El proceso se desarrolló en un “ambiente de libertades restringidas” afectando negativamente a actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. De acuerdo a estos observadores, las autoridades del CNE mostraron una “parcialidad a favor del oficialismo” y en detrimento de las candidaturas opositoras.
Entre los problemas específicos enumerados por el Centro Carter, se destaca la actualización del registro de electores que se realizó con “numerosos inconvenientes” tales como plazos muy cortos y una escasa información pública. Además, la situación se agravó para los ciudadanos en el exterior, quienes enfrentaron “barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias” para inscribirse en el padrón electoral.
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Nicolás Maduro junto a Elvis Amoroso, rector del Consejo Nacional Electoral (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)En cuanto a la campaña electoral, el desequilibrio a favor del gobierno fue notable. La candidatura oficialista disponía de recursos “muy amplios”, resultando en una gran desproporción de mítines, murales, vallas y afiches a su favor. Se observó el abuso de recursos públicos, incluyendo el uso de vehículos y la movilización de funcionarios para la campaña. Aparte, hubo un predominio de la candidatura gubernamental en medios de comunicación, tanto en publicidad como en la cobertura noticiosa.
Pese al contexto restrictivo, la ciudadanía venezolana se movilizó masiva y pacíficamente el 28 de julio para votar. En relación con esto, el Centro Carter observó que, aunque la jornada de votación fue cívica, existieron “restricciones en el acceso a recintos” para observadores y testigos de partidos, así como mecanismos de presión sobre el electorado e “incidentes de tensión o violencia” reportados en algunas localidades.
El comunicado también subrayó que el registro de partidos y candidatos no cumplió con los estándares internacionales.
En los años recientes, partidos de la oposición han sufrido “intervenciones judiciales” que afectaron a sus líderes social y políticamente más reconocidos, beneficiando a personas afines al gobierno e influenciando la conformación de sus candidaturas. Se recalcó que la inscripción de las principales fuerzas de oposición se encontró sujeta a la discrecionalidad de las autoridades electorales, quienes “adoptaron decisiones sin respetar principios jurídicos básicos”.
Fuente: Infobae.
