(Desde Montevideo, Uruguay) - La modalidad de los préstamos “gota a gota” se comenzó a extender por la región hace unos cinco años, pero rec
(Desde Montevideo, Uruguay) – La modalidad de los préstamos “gota a gota” se comenzó a extender por la región hace unos cinco años, pero recién en febrero de 2023 se conoció el mecanismo utilizado por los prestamistas ilegales: con tarjetas ofrecen créditos al instante, entregan el dinero en efectivo y exigen que a partir del día siguiente se comience a pagar el desembolso.
La tasa de interés que fijaban era superior a la establecida por el Banco Central del Uruguay (BCU) y, en caso de atraso en los pagos, los prestamistas incurrían en conductas intimidatorias.
Detrás de estas operaciones hay organizaciones integradas principalmente por colombianos, que no se hacen llamar por sus nombres sino tienen un alias, según describió el viceministro del Interior uruguayo, Guillermo Maciel, a El Observador. Las personas son captadas para unirse al negocio en Uruguay (u otros países de la región), reciben un capital inicial de 100.000 pesos uruguayos (unos USD 2.500), les pagan el pasaje de avión y se instalan en algún departamento del país.
También reciben celulares, una casa para alojarse –en la que conviven con tres o cuatro inmigrantes más– y una moto o un auto. En general, un integrante del hogar es de mayor confianza para la organización.
Instalados en Uruguay, recorren comercios y entregan las propuestas de créditos al instante. “Préstamos grandes, medianos y pequeños comercios… No miramos el clearing (el registro de las personas que no pueden acceder a créditos)”, dice una de las tarjetas que entregaron en un comercio de Durazno, publicadas por el medio uruguayo. Otra de las promociones era una tabla que indicaba el monto que podían otorgar en efectivo y las cuotas para cancelar ese préstamo.
Los “préstamos gota a gota” están extendidos en América Latina.
Lo que sucede en Durazno también pasa en otros 14 departamentos del país, entre los que está incluida la capital.
Las organizaciones de prestamistas tienen tres niveles: los tarjeteros que están en la base, los colaboradores que están en un rango superior y los cabecillas, que lideran el negocio.
Los prestamistas no se quedan en la primera ciudad a la que llegaron sino rotan de departamento cada seis meses. Los líderes de los grupos viven en los departamentos fronterizos con Brasil para poder escapar rápidamente si es necesario.
Los prestamistas en Uruguay deben reintegrar a sus jefes el dinero que les fue otorgado y, una vez que lo hacen, quedan liberados para continuar en el negocio o escalar en la pirámide de la organización.
Las imputaciones
Al menos 30 colombianos asociados a estos préstamos ilegales fueron imputados en lo que va de octubre por la Justicia uruguaya, según informó Subrayado. Se trata de ex policías y ex militares de ese país, que ofrecían montos de entre 10.000 pesos uruguayos (USD 250) y 15.000 pesos uruguayos (USD 375). La policía también encontró que venezolanos y cubanos están vinculados a estas organizaciones.
A principios de mes, el Ministerio del Interior informó de la detención de seis personas involucradas en estas maniobras, en el marco del “Operativo Cafeteros”. En esa ocasión incautó 16 celulares y dinero en efectivo (250 mil pesos uruguayos, 35 mil pesos colombianos y USD 120). Por este operativo, fueron imputadas 10 personas.
La Fiscalía demostró que ciudadanos colombianos otorgaban préstamos a comercios con tasas de interés por encima del máximo legal.
Otro de los operativos del Ministerio del Interior fue denominado Parce, que terminó con la imputación de 19 extranjeros (18 colombianos y un venezolano) en Tacuarembó. En este caso, la Policía incautó 1,7 millones de pesos uruguayos, 58 celulares, un auto y cinco motos. Los colombianos fueron acusados de los delitos de usura, asociación para delinquir y violencia privada.
Estas investigaciones llevaron a que el Ministerio del Interior reactivara una idea que tiene hace al menos dos años: la de habilitar la deportación de extranjeros que estén condenados por homicidio, secuestro, abuso sexual u otros delitos económicos.
Fuente: Infobae.
Por: Pedro Tristant.
