Una bóveda oculta detrás de una pared falsa en la mansión de verano del expresidente Santiago Peña en San Bernardino mantiene en vilo a los in
Una bóveda oculta detrás de una pared falsa en la mansión de verano del expresidente Santiago Peña en San Bernardino mantiene en vilo a los investigadores del caso Ueno: desde el domingo, el equipo fiscal-policial no ha logrado atravesar su segunda barrera de seguridad.
El compartimento fue hallado durante el allanamiento realizado en la residencia ubicada en la zona de Ciervo Cuá, a unos 50 kilómetros al este de Asunción. El operativo comenzó poco antes de las 19:00 del domingo y estuvo encabezado por los fiscales Cristian Benítez, Silvia González y Elena Fiore.
Aunque los efectivos lograron franquear la primera compuerta, una segunda puerta con tecnología de origen israelí —que combina reconocimiento facial o de iris, huella dactilar, clave numérica y llaves tipo multilock— frenó el avance de las diligencias.
Un video difundido durante el procedimiento muestra un pasillo que parte de una de las habitaciones de la mansión y conduce hasta la compuerta. Otro registro, cuya autenticidad no pudo verificarse, parece mostrar el interior de la bóveda durante la etapa de construcción de la casa, cuando el espacio aún estaba vacío. En las imágenes se aprecia el tamaño del recinto y la presencia de luz exterior a través de aberturas con ladrillos.
Al concluir el allanamiento, la puerta seguía cerrada. El Ministerio Público confirmó la diligencia en un comunicado, aunque sin mencionar la bóveda.
Benítez confirmó que el Ministerio Público analiza distintas alternativas para ingresar al compartimento. Una de ellas es contactar a Leticia Ocampos, esposa del exmandatario, para determinar si su iris está registrado como autorización de acceso. También se contempla consultar a otros familiares del expresidente, aunque ninguno tiene obligación legal de cooperar.
La tercera opción, más extrema, es una detonación controlada. El fiscal aclaró que aún no hay una decisión tomada y que cualquier procedimiento deberá ser evaluado por especialistas, teniendo en cuenta el riesgo de daño tanto a la estructura como a lo que pudiera hallarse en el interior.
El traslado de Peña hasta la propiedad para que él mismo abra la bóveda, en cambio, no está entre las alternativas en estudio. El expresidente permanece bajo prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción.
El domingo, además, fiscales requisaron un iPhone de Peña en el regimiento, luego de que el comandante de la unidad indicara que el exmandatario tenía acceso al dispositivo.
La residencia forma parte de la investigación porque su construcción estuvo vinculada financieramente a Ueno Bank. El costo total rondó los G. 7.700 millones —unos 2 millones de dólares, según una investigación periodística—, solventados mediante dos préstamos simultáneos otorgados por Ueno Bank el 13 de mayo de 2024, cuando Peña ya ejercía la presidencia. Las cuotas mensuales ascendían a G. 239 millones, cifra equivalente a seis veces el salario presidencial que percibía, fijado en G. 37.908.800.
En su sexta declaración jurada, Peña consignó el inmueble por G. 7.750 millones: G. 1.450 millones por el terreno —adquirido en 2023 y con una superficie de 5.012 metros cuadrados— y G. 6.300 millones por la obra y el equipamiento, que abarca 1.015 metros cuadrados construidos, según datos de la Contraloría.
El expresidente fue imputado por lesión de confianza, como instigador, y administración en provecho propio, como autor. La Fiscalía estima un perjuicio de unos USD 809 millones, tomando como referencia los fondos estatales depositados en el banco.
Peña fue destituido a través de un juicio político y niega todas las acusaciones. En enero de 2025, ante las críticas por la residencia, sostuvo que “trabaja desde los 18 años” y se consideraba “una persona honesta, trabajadora”. Su defensa no emitió comentarios sobre el allanamiento ni sobre la bóveda.
En paralelo, la abogada Carolina Berdoy, vecina de San Bernardino, presentó un pedido de información pública ante la Municipalidad para esclarecer posibles irregularidades urbanísticas, tributarias y ambientales vinculadas al desarrollo inmobiliario de la zona.
Berdoy aclaró que busca “una constatación documental, sin atribuir responsabilidades penales anticipadas”.
Fuente: Infobae.
